Mesa 6: Derechos Humanos, protección y seguridad a familias

 

CHICAGO

 

Que la nueva administración que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador respete y haga cumplir a sus funcionarios y personal migratorio La Convención Internacional de los Trabajadores Migrantes y sus Familias ya adoptada y firmado por el gobierno mexicano. (100 días)

Que se persiga judicialmente y se sancione a los uniformados y personal de migración que abuse y extorsiona a los migrantes nacionales o extranjeros, en tránsito o en el cruce fronterizo. (100 días)

Que se intensifique la protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes en detención, en E.U. y en México, así como a los menores que son separados de sus padres y se dé seguimiento a los casos, antes y después de la detención. (100 días)

Que las oficinas de protección de los consulados den talleres informativos sobre derechos humanos de los migrantes en sus comunidades y no se reduzcan a horas de oficina o a eventos de emergencia. (100 días)

Se establezca un fondo específico para los nacionales que han sido deportados y se traduzca en ayuda monetaria de emergencia y se creen proyectos de comercio o se aprovechen de habilidades adquiridas por los deportados y ellos puedan reinsertarse en la sociedad productiva en sus ciudades. También se financie y facilite los migrantes que salieron del campo, lo cultiven y saquen provecho de la tierra. Que a los familiares de los paisanos que han sido deportados se les permite internar su vehículo como parte de su menaje y por lo tanto no pague impuestos. (100 días)

Se destinen más fondos para la protección legal de los inmigrantes. Para este fin, primero, se dé a conocer el monto de los recaudado por servicios en los consulados de E.U. y que el equivalente al 8% del IVA se invierta en la protección legal de inmigrantes. Que dicho fondo sea administrado por representantes de organizaciones de migrantes mexicanos con trayectoria en la causa pro inmigrante en cada localidad y se distribuya de acuerdo con el tamaño de la población. (3 años)

Se les informe de sus derechos humanos, laborales y de salud. Que se les asesore para recuperar su fondo de ahorro del seguro social por cuotas deducidas después de quince años y han sido deportados. Estas medidas, que ya se practican en cinco estados del país, tengan lugar a nivel federal. (100 días)

Se establezca una base de datos de personas desaparecidas al cruce en la frontera y un censo de los enfermos en hospitales que por su condición médica los hospitales quieren ‘repatriar’, que no tienen familia y que aun teniéndola requieren ayuda. (100 días)

Que las quejas de los connacionales hagan por mal servicio o abuso en los consulados mexicanos se les dé seguimiento, se resuelvan y de ser el caso se sancione a los empleados que incurrieron en faltas.  Que tales quejas o reclamos sean revisadas por consejeros del IME cuando el querellante no esté conforme con la decisión del cónsul u oficial consular. (100 días)

Que se simplifique el proceso de la doble nacionalidad y puedan los hijos de mexicanos con ciudadanía estadounidense gozar sus derechos y sean inscritos en las escuelas de México, por ejemplo. (100 días)

Sistema de salud: Atención inmediata tanto psicológicamente como físicamente a los deportados y repatriados. Hoy en día no se cuenta con un programa de atención integral. (100 días)

De la misma manera que se hizo lobby para el TLC, el nuevo gobierno de México, a través de su embajada en Washington, se planifique, se financie y organice otro cabildeo ante el congreso norteamericano y se sienten las bases para el apoyo a una reforma migratoria integral justa, a mediano o largo plazo. Con o sin Trump en la Casa Blanca. La indiferencia e inacción de los gobiernos anteriores no debe repetirse. (6 años)

Creación de una oficina para atender y proteger, por medio de un decreto de colaboración entre la SRE y la CNDH. Esta oficina de la CNDH tendrá igualmente un carácter autónomo e independiente. Esto ayudará atender los casos de forma horizontal entre México y Estados Unidos. También ayuda a elevar ciertos casos a organismos internacionales y crear una red de respuesta rápida con grupos que protegen a los migrantes. Atenderá todos casos de Derechos Humanos, refugiados, trata de persona, exiliados, periodistas y comunidad LGTBQ. (100 días)

 

LOS ANGELES

– Se determinarán durante el Foro de octubre 21